lunes 27 de junio de 2011

Excesos en aplicar la ley

Fauna Política
Operativos para decomiso están fuera de la ley
Por Rodolfo Herrera Charolet

El artículo 14 Constitucional establece que nadie puede ser privado de la libertad, propiedades o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.
Sin embargo, derivado de la alta complicidad y delincuencia desatada en el país, las autoridades ministeriales y policiacas han decidido violar este derecho y remendar en su caso, los informes que deban rendir ante las autoridades judiciales que conozcan del asunto, vía el amparo y justicia de la nación, de quien lo solicite.
El secretario de Seguridad Pública y diputado federal con licencia, Ardelio Vargas Fosado, sabe de esto. Sin embargo, el procedimiento resulta engorroso y deben actuar con mucho sigilo derivado de las filtraciones y cómplices que operan desde el interior de los propios cuerpos, que harían imposible la captura de presuntos delincuentes o en su caso lograr los decomisos que se han obtenido.
Aún cuando torcer la ley, no debe ser la práctica que debe seguir la autoridad, resulta necesaria para que pueda cumplirse la norma secundaría, parece ser el criterio que prevalece en el actual régimen. Un asunto que merece mayor análisis y libre de atavismos o formulismos.
En primer término debemos saber que la autoridad no puede actuar con impunidad, no debe violar la ley y mucho menos las garantías individuales amparadas por la carta magna, porque de hacerlo, está fomentado la corrupción de sus propios órganos de gobierno.
En segundo término, el valor probatorio de quien afirma, está obligado a probar.
Por tal motivo, resulta relevante analizar el contenido de la justificación que hizo el Secretario de Seguridad Púbica, en torno al operativo efectuado el pasado domingo 26 de julio, en donde se afirma que más de 7 millones de “Fayuca” fueron incautados.
El funcionario estatal pidió a la sociedad comprensión por el operativo realizado la tarde de ayer en el Mercado Jorge Murad Macluf, donde los efectivos de la estatal hicieron uso del poder del estado para decomisar mercancía de dudosa procedencia.
En el operativo policíaco los estatales e inspectores de Comercio Exterior, habrían usado gases lacrimógenos y detonaron sus armas hacia el aire, presuntamente para repeler la agresión de un grupo de comerciantes que trataban de impedir el decomiso de la mercancía.
El funcionario estatal afirmó que el Estado no permitirá que prevalezcan "áreas de impunidad", como venía operando el mercado que la ciudadanía ya reconocía coloquialmente como "La Fayuca".
Según Vargas Fosado, los comerciantes encabezados por un sujeto del que se desconoce su paradero, de nombre Miguel, iniciaron la agresión a los uniformados con palos, piedras, botellas y gases lacrimógenos, por lo que los integrantes de la fuerza pública sólo mantuvieron el orden público y repelieron la agresión. El funcionario estatal consideró que el "grupo de choque" pretendía impedir la actuación ministerial que se realizó en la tarde del domingo, 26 de junio de 2011, a "petición" de los inspectores.
El mercado de “La Fayuca” fue visitado por agentes de la Agencia Federal de –Investigación (AFI) y otros efectivos policiacos, el 5 de diciembre de 2007, hace más de 3 años. En aquella ocasión representó para las autoridades un fracaso, en virtud de que un “pitazo” alertó a los comerciantes. En aquella ocasión alrededor de 200 elementos federales y otros 20 del Grupo Táctico de la Policía Municipal, catearon locales en busca de material apócrifo. En el lugar ningún laboratorio fue encontrado, pero sí muchos locales vacíos. En dicha intervención policiaca fueron decomisados 348 mil 980 productos, integrado por 197 mil 380 discos compactos, 128 mil 100 DVD y 23 mil 500 videojuegos para Play Station de 72 locales cateados. En cambio, un operativo similar realizado en “La Cuchilla”, el 21 de septiembre de 2007, aseguraron 150 toneladas de artículos, se desmantelaron 120 laboratorios y se aseguraron 2 mil 928 quemadores.
Como justificación de las autoridades de la Procuraduría General de la República, informaron que el operativo fue llevado a cabo debido a las querellas presentadas por los apoderados legales de diversas empresas productoras de fonogramas y videogramas para dar cumplimentó a la orden de cateo número 06/2007 obsequiada por el Juzgado Segundo de Distrito en el estado para hacer cumplir la ley con relación al artículo 424, que a la letra señala: “… se impondrá prisión de 3 a 10 años y de 2 mil a 20 mil días de multa a quien produzca, introduzca al país, almacenes, transporte, distribuya, venda o arrende copias de obras, fonogramas, videogramas o libros protegidos por la Ley Federal de Derecho de Autor, en forma dolosa, con fin de especulación comercial y sin la autorización que en términos de la citada ley deba otorgar el titular de los derechos de autor o de los derechos conexos.”
Lo que escapa para el Secretario es que en su operativo, del que ya se conocen sus resultados, no existe o no ha mencionado orden de autoridad competente, esto es, una orden de juez que ordene el cateo y que conozca de la causa y en su caso, hubiere ordenado dicho embargo. Ni tampoco menciona oficio alguno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que ampare la orden de visita, porque en tal caso, debieron ser autoridades federales. Pero en el supuesto de que fueran las estatales, tampoco menciona la orden de visita y en su caso el embargo, expedida por la Secretaría de Finanzas que amparado por el Convenio de Colaboración Administrativa debió de haber emitido.
Otro asunto que no debe pasar desapercibido, es el hecho de que los efectivos policiacos utilizaron gas lacrimógeno y detonaron sus armas apuntando al aire, exceso de fuerza que a decir de la propia autoridad, fue la respuesta a la agresión que sufrieron de parte de los comerciantes “fuertemente armados hasta los dientes” (esto es mío) con piedras y palos, hasta gases (¿?). Lo que yo no entiendo, es como le hicieron los comerciantes de “La Fayuca” para tener “gases lacrimógenos” y solo haberse defendido con piedras y palos.
Ahora resulta que el tal Miguel, que nadie vio, ni conoce, ni aprehendieron, fue el que comandó el operativo de choque contra las fuerzas policiacas. Afirmación que no está probada y no sirve de excusa para avalar el dicho de la autoridad, puesto que al Secretario de Seguridad Pública le corresponde la carga de la prueba y no vale su simple dicho.
Estoy consciente de que debe respetarse la ley, pero parte del problema se deriva de la falta de empleo, la creciente inseguridad, los actos de corrupción y sobre todo de que los propios consumidores son promotores de dicha compra ilegal. Lo que no entiendo y no encuentro por ahora la forma, es la justificación de la autoridad de violar la ley, porque de ser así, la descomposición social será mayor, puesto que el responsable de cumplirla y vigilar que se cumpla, es el primero en corromperla.
Quizás, cuando el funcionario lea este editorial o le vayan con el chisme, algún flamante asesor le informe que debe cumplir con estas formalidades para enderezar su actuación.
Por lo pronto, en mi opinión y con los datos que dispongo, los operativos para decomiso están fuera de la ley.
¿O no lo cree usted?

martes 21 de junio de 2011

Líderes y sindicatos

Fauna Política
Sindicalismo de membrete
Por Rodolfo Herrera Charolet
Uno de los mayores problemas laborales que enfrenta México, es el sindicalismo de membrete, en donde millones de trabajadores sindicalizados viven en pobreza gracias a la complicidad de sus líderes, autoridades laborales y gobierno, entre otros. El gobierno en la mayoría de los casos, simula una supervisión y acción coercitiva, mas con interés recaudatorio que de respaldo y solidaridad con los trabajadores, interviene en la vida interna de los sindicatos y respalda desde la administración pública a líderes corruptos que se enquistan en el poder y la representación sindical.
Además de una Comisión Nacional de los Salarios Mínimos obsoleta y desarticulada de la realidad nacional, el abuso cometido hacia los trabajadores, van desde las violaciones a sus derechos hasta niveles de acoso y condiciones que asemejan a la esclavitud.
Uno de los gremios más vapuleados por el sindicalismo y que presenta mayores abusos y retrasos, es el de los trabajadores de la construcción; en donde los patrones adquieren placas de algún sindicato que presumiblemente representa los intereses laborales de los trabajadores, mediante el pago de una iguala o monto total de acuerdo a la obra, sin que dicha agrupación gremial represente al trabajador, quien carece de prestaciones sociales.
El patrón que realiza una obra civil, por pequeña que sea, mediante el pago de una cuota, garantiza que ningún otro sindicato intervenga en el secuestro de su actividad en presunta defensa de los derechos laborales, sin que dichos trabajadores sean en la realidad representados por algún delegado o representante, de hecho desconocen su “afiliación” a dicha agrupación y semanalmente (por lo general los días sábados) reciben su raya o pago por destajo de la obra realizada, no gozan de prestaciones sociales y al concluir la obra, termina la relación laboral. También pueden ser removidos libremente y las condiciones laborales, más que precarias, en algunos casos atentan contra su propia integridad.
El Instituto Mexicano del Seguro Social, ha encontrado una fuente importante de ingreso de las obras civiles que efectúan los particulares y en general los constructores, ya sean obras privadas o públicas. Puesto que sin afiliar, ni otorgar prestaciones sociales a los presuntos trabajadores que deberían de tenerlo, cobran las cuotas obrero-patronales correspondientes, de conformidad con un tabulador determinado por el Consejo Técnico del Instituto. En los hechos, la institución que debe velar por la seguridad social de los trabajadores en la industria de la construcción, se convierte en los hechos, en una organización de membrete que únicamente se beneficia del ramo. No otorga ningún servicio o prestación social a trabajador alguno y se concreta únicamente a cobrar las cuotas que debieron pagar quienes realizaron la obra. En la mayoría de los casos, el IMSS cobra dichas cuotas obrero-patronales, cuando la obra ha concluido y no hay registro alguno de trabajadores que se vean beneficiados por dicha institución. No es ocioso hacer notar, que el IMSS, ejerce uno de los cobros coactivos más agresivos y perniciosos que cualquier otra institución pública. Sin embargo, a pesar de ser hechos conocidos, la complicidad de gremios, líderes, legisladores y gobierno, han provocado que la institución se convierta en una simple recaudadora y no en una institución pública que debería velar por la seguridad y atención de sus derechohabientes.
De acuerdo a los estándares internacionales y estudios de organizaciones laborales, en México se presenta el sindicalismo más obsoleto y retrógrado del mundo libre. Para Jesús Uribe Uribe Prado en su obra; “Violencia y acoso en el trabajo Mobbing” la representación sindical en la industria de la construcción, se trata de simples delincuentes que usufructúan siglas, ejerciendo un sindicalismo de membrete.
¿O no lo cree usted?

Derecho laboral


Fauna Política
Los días de cuchillos largos
Por Rodolfo Herrera Charolet

Como era de esperarse, al asumir su cargo el nuevo gobernador del Estado, en enero de 2011, la administración pública estatal sufrió la transformación tan anunciada por el candidato en campaña. Con estos cambios, también llegaron los días de cuchillos largos, para miles de burócratas que cometieron el pecado de haber trabajado durante el sexenio anterior.
En los primeros 30 días de mandato, el nuevo gobernante descabezó a más de tres mil servidores públicos, sólo en el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla fueron despedidos o pedida su renuncia a más de 700 trabajadores. En todas las dependencias fueron removidos desde subsecretarios, directores, subdirectores, coordinadores, jefes de departamento, asistentes, secretarias y hasta porteros o personal de limpieza.
En el siguiente mes, la sed de venganza se redujo, pero los días de cuchillos largos no habían concluido, hasta que agotados todos los medios de persuasión para evitar el pago constitucional al que tenían derechos los burócratas, se echó mano del acoso psicológico, mientras que el gobernante impulsaba un ambicioso proyecto de promoción personal, con selección de medios de comunicación afines a su causa.
Con más de veinte mil ciudadanos afectados, por los más de cuatro mil burócratas que perdieron su empleo sin pago alguno por antigüedad o proporcionales de ley, y únicamente con la quincena correspondiente en la que renunciaron, el nuevo gobierno violó los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, convirtiendo en letra muerta las más elementales causas sociales que motivaron la revolución de 1910. Pocos, muy pocos servidores públicos exigieron el pago justo y recurrieron a los tribunales, con la esperanza que algún día, se haga justicia, que será cuando las autoridades laborales que impone el nuevo gobierno lo quieran.
En México, como es de esperarse, el empleo en el gobierno es un botín para el mandante en turno y llegan no los más capaces, sin los más allegados, los cómplices o quienes lucharon por alcanzar el poder. Porque un cargo en el gobierno no es la capacidad la que predomina, sino que es una decisión política.
En México el derecho al trabajo viene a constituir una prerrogativa y una obligación para el individuo que se encuentra amparada por la  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Ley Federal del Trabajo que de ella emana, sin embargo, parece que estas prerrogativas no se aplican a los burócratas que muchas veces aceptan las más ruines de las vejaciones, con la única finalidad de ser perdonado y seguir medrando del erario. En otras, el burócrata no sabe hacer nada redituable, más que el trabajo que había desarrollado durante varios sexenios y que gracias a su mimetismo o adulación había logrado mantener, hasta que el cambio de partido y su lealtad a las siglas lo empujaron hacia su renuncia. Los que traicionaron, los que cobraron del sexenio anterior y en forma reptante nutrieron de información a los vencedores, se les perdonó el delito de trabajar para un sexenio distinto y fueron ratificados o cambiados de cargo, en algunos casos, perdieron la compensación –pago que en ocasiones no paga impuestos y supera el sueldo base– pero gracias a su traición, superaron los días de los cuchillos largos. Los cargos sin importancia o de bajos sueldos, en su gran mayoría sindicalizados, fueron respetados, con la advertencia de que a la primera falla pueden ser dados de baja o puestos a disposición de recursos humanos de alguna dependencia que ralle en la mediocridad.
La Constitución y la ley de la materia, establece con claridad la exigencia de que el trabajador tiene derecho y es inalienable su respeto para la dignidad y libertades de quien proporciona un servicio, así como de quien lo recibe, entiéndase al individuo sin distinción de género, raza, credo, orientación sexual, nivel económico o edad. En el gobierno poblano, los meses de febrero y marzo de 2011, fueron ejemplo de lo que no se debe hacer y que podría considerarse como una actitud de caudillos y el botín de guerra que habrían ganado.
La importancia que tiene para un individuo, el derecho de tener un empleo y ejercerlo de manera libre, sin coacción ni presión alguna, es una garantía legal que se consagra en la carta magna de los mexicanos, aún cuando en la práctica, esta exigencia es vulnerada por constantes violaciones que ejercen los acosadores, en franca rebeldía al ordenamiento constitucional.  El gobierno, más que ningún otro, tiene la obligación de cumplir con la ley, pero la gracia de quien ejerce el poder despótico es precisamente su desprecio por lo que no le importa, la dignidad humana aquella que es una monserga en tiempos de cambio y cambiadero.
Se puede entender como Derecho del Trabajo a “un conjunto de principios, instituciones y normas que pretenden alcanzar la justicia social en materia laboral, tras la defensa y promoción de condiciones elementales de trabajo, que garanticen el respeto a la dignidad humana, la salud y seguridad de la persona y disfrute de un salario remunerador.
El derecho del trabajo no es una invención que pretenda cambiar un mundo regido por la oferta y la demanda, la rentabilidad empresarial y las tendencias de productividad en la mecanización de procesos. Sin embargo esta rama del derecho, pretende que las relaciones laborales sean aceptables, garantizando niveles de vida que provean al individuo de satisfactores elementales y de respeto a su dignidad humana. El derecho al trabajo es una garantía fundamental e individual que como ser humano tiene todo individuo y que al mismo tiempo funge como un derecho colectivo, regido por una relación de retribución económica y subordinación.
El artículo 8º de la Ley Federal del Trabajo (LFT), define como trabajo a “toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio”. El trabajo desde esta definición es un servicio que presta cualquier individuo, ya sea para la producción de bienes, o bien, para el enriquecimiento y así lograr una mayor capacidad de servicio.
Como ya lo hemos dicho, el trabajo es un derecho y a la vez un deber social, el cual exige el mayor respeto para que sea ejercido de manera libre, pacífica y remunerada, motivo por el cual, es un servicio personal subordinado que debe desarrollarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso tanto para él como para su familia. Pero en Puebla, la Ley Federal del Trabajo, se convirtió en un conjunto de normas coleccionables que empastadas pueden adornar un librero de oficina pública, en especial, aquellos días de los cuchillos largos.
¿O no lo cree usted?