miércoles 28 de septiembre de 2011

Fiscalizar al fiscalizador


Fauna Política
Fiscalizar al fiscalizador
Por Rodolfo Herrera Charolet
Tras la destitución del presidente municipal de Tlatlauquitepec, Porfirio Loeza Aguilar, el que podría ser removido de su cargo es el auditor general del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (Orfise), Contador Público Certificado Víctor Manuel Hernández Quintana, cargo que asumió el 1 de agosto del 2007, a quien presumiblemente los diputados interesados le han integrado un expediente.
Para nadie es secreto que el despacho de Hernández Quintana fue el que auditó las primeras cuentas públicas de Loeza Aguilar, en sus funciones como presidente municipal 2005-2008 y que tras su remoción por acuerdo del cabildo, emprendió su venganza como titular del Orfise.
Ante la comprobación no adecuada de fondos públicos, el nuevamente presidente municipal de Tlatlauquitepec, Loeza Aguilar, fue destituido el miércoles 28 de septiembre de 2011 por el Congreso del Estado, que le imputa el desvío de 20 millones de pesos, con una sanción de inhabilitación por 11 años y en su caso la cárcel por el daño causado, ante la defensa inadecuada montada por su asesor jurídico y representante ante el Instituto Electoral del Estado, Jorge Luis Blancarte Morales.
Debe señalarse que el despacho de Hernández Quintana fue el auditor externo contratado por Loeza Aguilar en el 2005 y aunque no auditó la totalidad de las cuentas públicas de Tlatlauquitepec, si cobró entre noviembre de 2007 y diciembre del 2008, la cantidad de 125 mil pesos, según consta en la cuenta BBVA Bancomer 00146646700.
Independientemente de que en el presente asunto las venganzas están a la orden del día y cada bando en disputa saca sus trapitos al sol, lo cierto es que, algunos de los requisitos que debe cumplir el titular del Orfise, es el de objetividad, imparcialidad y probidad, mismos que se ponen en entre dicho; más aún, si dicho titular fue el encargado de convalidar las cuentas Públicas del ex gobernador del estado y que se dice, le otorgaron el salvoconducto necesario para evitar cualquier rencilla (si la hubiere) de la actual administración, quienes le habrían ofrecido su salida “digna”, misma que desechó aferrándose al cargo “como perro a su hueso”.
Aún cuando la defensa de Hernández Quintana pudiera estar soportada jurídicamente y “quien nada debe nada teme”, la amenaza velada de ser revisadas minuciosamente sus cuentas privadas, que pretenden evidenciar el cobro indebido de “igualas” o “gratificaciones” de algunos presuntos beneficiados por cuentas públicas aprobadas, podría ser el determinante de una renuncia anticipada, para evitar el desgaste innecesario de oponerse a la decisión del gobernador o de los diputados que ya pretenden fiscalizar al fiscalizador.
¿O no lo cree usted?

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