viernes, 30 de septiembre de 2011

Atentado imprudente al vástago real


Fauna Política
Raterillos imprudentes
Por Rodolfo Herrera Charolet
Como verdaderos raterillos imprudentes deben ser calificados los individuos que se atrevieron a importunar el descanso del director estatal de Protección Civil, Jesús Morales Martínez; hijo del ex diputado federal y diputado local, Jesús Morales Flores; sobrino del ex gobernador del Estado y Senador de la República, Melquiades Morales Flores, primo del diputado federal y aspirante a senador de la República, Fernando Morales Martínez… ¡Si! Verdaderos imprudentes.
Ante tal osadía, Jesús Morales Flores afirmó que el atentado no quedará impune, “Los que deben abandonar el estado y el país deben ser los que se atrevieron a hacer esto, porque en la defensa de nuestra integridad somos radicales, yo en lo personal… ya está la denuncia (ante la Procuraduría General de Justicia) y tienen que caer quienes cometieron esta osadía”. Y la verdad que tiene razón, ¿Cómo no indignarse ante tal osadía? Eso de echar balazos de una 38 Super, para ahuyentar a raterillos, si es para indignarse, más si los imprudentes desalmados han penetrado en la casa del vástago y lo caro que resultan las dichosas balas.
 La indignación del legislador PRIísta, que de seguro compartirán muchos actores de la fauna política poblana, que podrán afirmar “mejor los hubiera recibido con su R-15 o una bazuca”. Pero el pueblo, la raza, los de siempre, los que solo alcanzan apaliar sus dolencias con rezos y flores o agüita a San Ignacio de Loyola, ven con tristeza que la ley no es pareja, ni con igual prontitud son atendidas sus quejas.
En el sueño de los justos, descansan entre pilas de expedientes amarillentos cientos de denuncias, cuyos delitos, en su mayoría quedan impunes y solo se convierten en guarismos de las estadísticas de la delincuencia.
El pueblo al enterarse del currículo familiar, de la infortunada víctima (Jesús Morales Jr) querrán tener de a perdis el pedigrí de su perro, para que alguna autoridad les procure justicia o tener un charpe para amedrentar a pedradas a los delincuentes, que en ocasiones violan, saquean o asesinan.
¡Quizás! Esa sea la razón, que el pueblo se cansa y tanto ha sufrido ante la indiferencia que se toma en serio eso de la justicia por su propia mano. En Puebla, lo que lleva la actual administración de gobernar una de las entidades más seguras del país, ha sido escenario de más de una veintena de intentos de linchamiento, con un saldo de 40 detenidos y un ciudadano que resultó muerto tras ser confundido por un delincuente en Santa Rita Tlahuapan el 19 de mayo.
En la noche del 31 de enero, cuando Rafael Moreno Valle tomó posesión de la administración del estado, en la junta auxiliar de San Baltasar Atlimeyaya, en Atlixco, la población intentó linchar a seis policías estatales quienes supuestamente intentaban extorsionar a unos leñadores de la población. En las siguientes semanas, seis hechos violentos con intento de linchamiento ocurrieron en Tehuacán, tres en Texmelucan. En la mayoría de los casos, los presuntos delincuentes han sido sorprendidos robando o intentándolo en el interior de algún hogar.
Uno de los más indignantes es el ocurrido en Tepeaca, el 17 de abril, en donde la población intentó hacer justicia por su propia mano, tras difundirse que un individuo detenido era acusado de violar a tres niñas.
El pueblo que ya es atento a lo que dicen los políticos y quizás siguiendo el ejemplo del vástago que fue importunado en su noble sueño, se arme hasta los dientes, aunque sea para cazar a raterillos imprudentes.
¿O no lo cree usted?

jueves, 29 de septiembre de 2011

Problemas religiosos y el nuevo gobierno


Fauna Política
Católicos contra cristianos
Por Rodolfo Herrera Charolet
Después de desaparecer la jefatura encargada de asuntos religiosos en la Secretaría de Gobernación ahora llamada Secretaría General de Gobierno (SGG) el titular de la dependencia debió intervenir para lograr que los representantes de la Iglesia Católica y la Comunidad Cristiana, firmaran la mañana del 27 de septiembre de 2011, en Casa Aguayo, un acuerdo por la Paz Social y la Gobernabilidad que debe mantenerse en la junta auxiliar de San Rafael Tlanalapan, municipio de San Martín Texmelucan.
Este problema no es ajeno, de hecho, con cierta regularidad ocurren enfrentamientos por intolerancia religiosa en la entidad, la gran mayoría de éstos son generados por los sacerdotes o fieles responsables de alguna iglesia católica.
En el estado, la religión predominante es Católica, con el 90% de creyentes, aún cuando en los últimos 50 años, la religión católica en Puebla sufrió una  disminución gradual en el porcentaje de fieles, mientras, las personas que se denominaron practicantes de otra religión y quienes no profesan ninguna aumentaron.
Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el número de personas que dijo profesar la religión católica, pasó de representar el 97.7 por ciento de la población total en 1950 a 91.7 por ciento para el año 2000, en tanto, el porcentaje que profesa otra religión era del 1.4 hace 50 años y para el 2000, aumentó al 6.1 por ciento.
Aún cuando el Gobierno del Estado no es responsable de la intolerancia religiosa que se suscita dentro del territorio bajo su competencia, si es su responsabilidad mantener la paz social, no importando que el asunto sea civil o religioso. Esta es la razón de haber conservado una jefatura encargada de los asuntos religiosos, la cual, formaba parte de la Dirección General de Desarrollo Institucional, dependiente de la Subsecretaría de Enlace Institucional y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, que se identificaba con el nombre de Jefatura de Atención a Grupos con Necesidades Específicas. Sin embargo el nuevo gobierno y las nuevas formas de atender los asuntos, determinaron desaparecerla.
Cuando los problemas religiosos se iniciaban, entraba en operación la jefatura de “asuntos religiosos” de tal forma que dicho problema se resolviera con intervención de una estructura gubernamental mínima. Ahora la forma moderna de atender el problema, es cuando, bajo amenaza de linchamiento tiene que “entrar” a mediar el titular de la dependencia.
 Como antecedente debe señalarse que en la comunidad de San Rafael Tlanalapan el 11 de septiembre de 2011, los habitantes católicos amagaron con linchar a los cristianos, en donde se dice que estaba involucrado el párroco de la localidad, Ascensión Benítez González, quien ocho días después fue removido. Decisión que debió tomarse, cuando dicha petición se hizo por escrito al Cardenal y Arzobispo de Puebla, a inicio de la presente administración.
Para fortuna del titular de la SGG, Fernando Manzanilla Prieto, el problema no creció a la magnitud nacional, puesto que ya se encaminaba en ese sentido, puesto que el asesor y defensor de la causa cristiana, miembro de la Barra Nacional de Abogados Cristianos ya preparaba su golpe mediático. Alfonso Farrera González, quien en el 2007 perdió su registro en el Estado de México como partido local, del extinto Partido Unidos por México (PUM) y que en aquella ocasión se negó a devolver los casi 4 millones de pesos que el Instituto Electoral del Estado de México le entregó por concepto de prerrogativas.
Por ahora el desaguisado ha quedado concluido con la firma “armónica y pacífica” de un documento en el que participa el presbítero Felipe M. Viveros Téllez, por los católicos y Josué Ovando Jiménez, pastor de la Comunidad Cristiana, que se supone permitirá una convivencia pacífica en San Rafael Tlanalapan.
Algún despistado funcionario del actual gobierno, afirmará que en asuntos religiosos debe atenderlo la delegación de la subsecretaría de gobernación federal y que es de su competencia. Solo que dicha dependencia, ni tiene la experiencia, ni los recursos humanos, ni los contactos necesarios para atenderlo, por ahora invisible a la opinión pública mientras no exista otro motivo de enfrentamiento de Católicos Vs. Cristianos.
¿O no lo cree usted?

P.D. Faltan los problemas que se suscitan con Testigos de Jehová y la iglesia de la Santa Muerte. Estaremos pendientes porque como dice el refrán “a cada santo le llega su fiestecita”.

miércoles, 28 de septiembre de 2011

Fiscalizar al fiscalizador


Fauna Política
Fiscalizar al fiscalizador
Por Rodolfo Herrera Charolet
Tras la destitución del presidente municipal de Tlatlauquitepec, Porfirio Loeza Aguilar, el que podría ser removido de su cargo es el auditor general del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (Orfise), Contador Público Certificado Víctor Manuel Hernández Quintana, cargo que asumió el 1 de agosto del 2007, a quien presumiblemente los diputados interesados le han integrado un expediente.
Para nadie es secreto que el despacho de Hernández Quintana fue el que auditó las primeras cuentas públicas de Loeza Aguilar, en sus funciones como presidente municipal 2005-2008 y que tras su remoción por acuerdo del cabildo, emprendió su venganza como titular del Orfise.
Ante la comprobación no adecuada de fondos públicos, el nuevamente presidente municipal de Tlatlauquitepec, Loeza Aguilar, fue destituido el miércoles 28 de septiembre de 2011 por el Congreso del Estado, que le imputa el desvío de 20 millones de pesos, con una sanción de inhabilitación por 11 años y en su caso la cárcel por el daño causado, ante la defensa inadecuada montada por su asesor jurídico y representante ante el Instituto Electoral del Estado, Jorge Luis Blancarte Morales.
Debe señalarse que el despacho de Hernández Quintana fue el auditor externo contratado por Loeza Aguilar en el 2005 y aunque no auditó la totalidad de las cuentas públicas de Tlatlauquitepec, si cobró entre noviembre de 2007 y diciembre del 2008, la cantidad de 125 mil pesos, según consta en la cuenta BBVA Bancomer 00146646700.
Independientemente de que en el presente asunto las venganzas están a la orden del día y cada bando en disputa saca sus trapitos al sol, lo cierto es que, algunos de los requisitos que debe cumplir el titular del Orfise, es el de objetividad, imparcialidad y probidad, mismos que se ponen en entre dicho; más aún, si dicho titular fue el encargado de convalidar las cuentas Públicas del ex gobernador del estado y que se dice, le otorgaron el salvoconducto necesario para evitar cualquier rencilla (si la hubiere) de la actual administración, quienes le habrían ofrecido su salida “digna”, misma que desechó aferrándose al cargo “como perro a su hueso”.
Aún cuando la defensa de Hernández Quintana pudiera estar soportada jurídicamente y “quien nada debe nada teme”, la amenaza velada de ser revisadas minuciosamente sus cuentas privadas, que pretenden evidenciar el cobro indebido de “igualas” o “gratificaciones” de algunos presuntos beneficiados por cuentas públicas aprobadas, podría ser el determinante de una renuncia anticipada, para evitar el desgaste innecesario de oponerse a la decisión del gobernador o de los diputados que ya pretenden fiscalizar al fiscalizador.
¿O no lo cree usted?
Entradas más recientes Entradas antiguas Página principal