martes 21 de junio de 2011

Derecho laboral


Fauna Política
Los días de cuchillos largos
Por Rodolfo Herrera Charolet

Como era de esperarse, al asumir su cargo el nuevo gobernador del Estado, en enero de 2011, la administración pública estatal sufrió la transformación tan anunciada por el candidato en campaña. Con estos cambios, también llegaron los días de cuchillos largos, para miles de burócratas que cometieron el pecado de haber trabajado durante el sexenio anterior.
En los primeros 30 días de mandato, el nuevo gobernante descabezó a más de tres mil servidores públicos, sólo en el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla fueron despedidos o pedida su renuncia a más de 700 trabajadores. En todas las dependencias fueron removidos desde subsecretarios, directores, subdirectores, coordinadores, jefes de departamento, asistentes, secretarias y hasta porteros o personal de limpieza.
En el siguiente mes, la sed de venganza se redujo, pero los días de cuchillos largos no habían concluido, hasta que agotados todos los medios de persuasión para evitar el pago constitucional al que tenían derechos los burócratas, se echó mano del acoso psicológico, mientras que el gobernante impulsaba un ambicioso proyecto de promoción personal, con selección de medios de comunicación afines a su causa.
Con más de veinte mil ciudadanos afectados, por los más de cuatro mil burócratas que perdieron su empleo sin pago alguno por antigüedad o proporcionales de ley, y únicamente con la quincena correspondiente en la que renunciaron, el nuevo gobierno violó los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, convirtiendo en letra muerta las más elementales causas sociales que motivaron la revolución de 1910. Pocos, muy pocos servidores públicos exigieron el pago justo y recurrieron a los tribunales, con la esperanza que algún día, se haga justicia, que será cuando las autoridades laborales que impone el nuevo gobierno lo quieran.
En México, como es de esperarse, el empleo en el gobierno es un botín para el mandante en turno y llegan no los más capaces, sin los más allegados, los cómplices o quienes lucharon por alcanzar el poder. Porque un cargo en el gobierno no es la capacidad la que predomina, sino que es una decisión política.
En México el derecho al trabajo viene a constituir una prerrogativa y una obligación para el individuo que se encuentra amparada por la  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Ley Federal del Trabajo que de ella emana, sin embargo, parece que estas prerrogativas no se aplican a los burócratas que muchas veces aceptan las más ruines de las vejaciones, con la única finalidad de ser perdonado y seguir medrando del erario. En otras, el burócrata no sabe hacer nada redituable, más que el trabajo que había desarrollado durante varios sexenios y que gracias a su mimetismo o adulación había logrado mantener, hasta que el cambio de partido y su lealtad a las siglas lo empujaron hacia su renuncia. Los que traicionaron, los que cobraron del sexenio anterior y en forma reptante nutrieron de información a los vencedores, se les perdonó el delito de trabajar para un sexenio distinto y fueron ratificados o cambiados de cargo, en algunos casos, perdieron la compensación –pago que en ocasiones no paga impuestos y supera el sueldo base– pero gracias a su traición, superaron los días de los cuchillos largos. Los cargos sin importancia o de bajos sueldos, en su gran mayoría sindicalizados, fueron respetados, con la advertencia de que a la primera falla pueden ser dados de baja o puestos a disposición de recursos humanos de alguna dependencia que ralle en la mediocridad.
La Constitución y la ley de la materia, establece con claridad la exigencia de que el trabajador tiene derecho y es inalienable su respeto para la dignidad y libertades de quien proporciona un servicio, así como de quien lo recibe, entiéndase al individuo sin distinción de género, raza, credo, orientación sexual, nivel económico o edad. En el gobierno poblano, los meses de febrero y marzo de 2011, fueron ejemplo de lo que no se debe hacer y que podría considerarse como una actitud de caudillos y el botín de guerra que habrían ganado.
La importancia que tiene para un individuo, el derecho de tener un empleo y ejercerlo de manera libre, sin coacción ni presión alguna, es una garantía legal que se consagra en la carta magna de los mexicanos, aún cuando en la práctica, esta exigencia es vulnerada por constantes violaciones que ejercen los acosadores, en franca rebeldía al ordenamiento constitucional.  El gobierno, más que ningún otro, tiene la obligación de cumplir con la ley, pero la gracia de quien ejerce el poder despótico es precisamente su desprecio por lo que no le importa, la dignidad humana aquella que es una monserga en tiempos de cambio y cambiadero.
Se puede entender como Derecho del Trabajo a “un conjunto de principios, instituciones y normas que pretenden alcanzar la justicia social en materia laboral, tras la defensa y promoción de condiciones elementales de trabajo, que garanticen el respeto a la dignidad humana, la salud y seguridad de la persona y disfrute de un salario remunerador.
El derecho del trabajo no es una invención que pretenda cambiar un mundo regido por la oferta y la demanda, la rentabilidad empresarial y las tendencias de productividad en la mecanización de procesos. Sin embargo esta rama del derecho, pretende que las relaciones laborales sean aceptables, garantizando niveles de vida que provean al individuo de satisfactores elementales y de respeto a su dignidad humana. El derecho al trabajo es una garantía fundamental e individual que como ser humano tiene todo individuo y que al mismo tiempo funge como un derecho colectivo, regido por una relación de retribución económica y subordinación.
El artículo 8º de la Ley Federal del Trabajo (LFT), define como trabajo a “toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio”. El trabajo desde esta definición es un servicio que presta cualquier individuo, ya sea para la producción de bienes, o bien, para el enriquecimiento y así lograr una mayor capacidad de servicio.
Como ya lo hemos dicho, el trabajo es un derecho y a la vez un deber social, el cual exige el mayor respeto para que sea ejercido de manera libre, pacífica y remunerada, motivo por el cual, es un servicio personal subordinado que debe desarrollarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso tanto para él como para su familia. Pero en Puebla, la Ley Federal del Trabajo, se convirtió en un conjunto de normas coleccionables que empastadas pueden adornar un librero de oficina pública, en especial, aquellos días de los cuchillos largos.
¿O no lo cree usted?

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