miércoles, 30 de septiembre de 2009

Financiera Coofia






Fauna Política
En asuntos de lana, desCoofia
Por Rodolfo Herrera Charolet



Ante el anuncio realizado por el secretario de Finanzas del gobierno del estado, Gerardo Pérez Salazar, en el sentido de que pagará el dinero que Financiera Coofia debe a defraudados hasta por un monto de 126 mil pesos. En rueda de prensa, el funcionario afirmó que la empresa no se quedó con ingresos proveniente de impuestos estatales o federales. Esta declaración evidencia el hecho de que hasta el año 2007, Coofia cobraba impuestos en cajas instaladas en las oficinas recaudadoras, pero que por fortuna nuestra y del propio gobierno estatal fueron cerradas durante el 2008.
Pérez Salazar también indico que se hacen las gestiones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que los defraudados accedan a recursos de Fideicomiso Pago (Fipago).
Creo que ante tales circunstancias deben tomarse las siguientes providencias:
01.- El gobierno del estado deberá fundar y motivar su actuación, toda vez, que no fue promotor de inversiones de la empresa defraudadora. Sino que fue una decisión personal de los inversionistas. Esta actuación alienta la proliferación de prácticas fraudulentas de empresas que captan ingresos del público en general, sin importar montos, pero que no pueden respaldar.
02.- El gobierno del estado deberá intensificar una campaña de advertencia, a fin de informar que inversiones de este tipo, son por cuenta y riesgo de los inversionistas. En virtud de que no es posible respaldar quiebras fraudulentas con dinero público.
03.- No todos los inversionistas son ahorradores, también los hay deudores, esto se debe a que en gran parte de los “ahorros”, provienen de un deposito que se acumulaba quincenalmente por descuentos de nómina, como reciprocidad a créditos obtenidos por el trabajador asalariado. En la mayoría de los casos, la empresa defraudadora otorgó prestamos a empleados del sector público y los obligó a pagarlos mediante descuentos de nómina quincenales y al mismo tiempo ahorrar el diez por ciento del préstamo obtenido, hasta cumplir los 24, 36 o 48 meses del convenio.
04.- El “rescate” o intervención de las cuentas financieras de la empresa, en este casó los pagarés de los deudores, deberán de ser trasladados al fideicomiso correspondiente a fin de realizar las gestiones de recuperación.
05.- El poder legislativo deberá de pronunciarse al respecto y en su caso realizar las adecuaciones a las leyes vigentes, en virtud de que no resulta un gasto público lo que defrauda un particular. Para garantizar que las cargas impositivas deban sufragar como gasto público los montos defraudados por instituciones financieras que operaron al margen de la ley, debe existir normatividad aplicable.
Ante estas reflexiones, me pregunto:
¿Cuál es la normatividad existente que puede obligar al Gobierno del Estado pagar los montos defraudados por Coofia?
¿Cuál será el criterio y fundamento legal aplicable?
¿Cuál fue el fundamento legal que utilizaron los presidentes municipales para invertir fondos públicos en dicha financiera?
¿Qué sanción recibirán esos presidentes municipales que invirtieron el dinero público en instrumentos de alto riesgo?
¿Por qué se permite la operación o presumiblemente fraudulenta de instituciones similares como Coofia?
¿Por qué nadie ha opinado sobre las inversiones que se promueven en medios masivos de comunicación, de empresas privadas que garantizan altos rendimientos, sin tener autorización de autoridad competente?
¿Los ahorros que no logren recuperar su dinero invertido en Invergrup, Sitma, Cybce, Inverbien y otros, podrán demandar el pago a cargo de las arcas públicas?
Ante esta realidad solo me queda recomendar a mis pocos lectores, en asuntos de lana desCoofia.




¿O no lo cree usted?

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